La detención y la denuncia
El músico Adrián Marcelo “Chelo” Torres, referente de la movida tropical y líder de Grupo Green, fue detenido en la madrugada del 11 de marzo en el marco de una causa abierta por una denuncia de una mujer de 43 años. La denunciante, una creadora de contenidos que trabaja con figuras de la cumbia, señaló que se había reunido con el artista por cuestiones laborales a comienzos de la semana.
Según su presentación judicial, el episodio que investiga la fiscalía habría ocurrido luego de ese encuentro, dentro del vehículo del cantante. La mujer aseguró que, tras el hecho, fue dejada en la puerta de su domicilio y se dirigió a radicar la denuncia. Con esos elementos, la fiscal interviniente solicitó medidas urgentes.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, cuya titular, la fiscal Lorena Pecorelli, dispuso la aprehensión del músico. La medida se concretó durante la madrugada y, desde entonces, Torres permanece bajo custodia a la espera de ser citado a declaración indagatoria.
Qué investiga la fiscalía
En paralelo a la detención, la fiscalía ordenó allanamientos y la intervención de áreas especializadas. La DDI de La Matanza y el equipo de Cibercrimen incautaron el vehículo utilizado por el cantante, además de tres computadoras y dos teléfonos celulares. El objetivo es resguardar evidencia y reconstruir con precisión la secuencia horaria de la noche señalada en la denuncia.
Como parte de las diligencias, también se recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad que, de acuerdo a fuentes del caso, permiten trazar el recorrido del automóvil durante el lapso en cuestión. Se dispusieron, además, pericias genéticas sobre prendas de la denunciante, una medida habitual en este tipo de procesos para determinar la existencia de rastros que puedan ser relevantes.
Hasta el momento, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza dictó una restricción perimetral que prohíbe a Torres cualquier acercamiento a la denunciante. Se aguarda que, en las próximas horas, se concrete la indagatoria, instancia en la que el músico podrá brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar.
El encuadre legal y el estado de la causa
La causa avanza bajo la figura de presunto abuso sexual. En esta etapa, rige el principio de inocencia y son las pruebas recolectadas las que orientarán los próximos pasos del expediente. La indagatoria es clave para definir si la fiscalía solicitará nuevas medidas, pedirá una prisión preventiva o dispondrá alternativas bajo control judicial.
La intervención de Cibercrimen y el análisis de dispositivos electrónicos suelen aportar elementos de valor, como mensajes, registros de llamadas o ubicaciones. No obstante, su utilización en el proceso requiere el cumplimiento de protocolos estrictos de preservación de evidencia y cadena de custodia.
Antecedentes judiciales
Marcelo Torres registra un antecedente penal por un hecho de índole sexual ocurrido en 2009, que culminó con una condena a cuatro años de prisión. Ese dato, de carácter público, vuelve a situar su nombre en el centro de la discusión pública y podría ser considerado por la Justicia en términos de antecedentes, sin perjuicio de la evaluación específica que corresponde a este nuevo expediente.
En el plano social, la noticia generó repercusión en el ambiente de la cumbia, donde Torres es una figura reconocida. Aunque no hubo pronunciamientos oficiales de su entorno al cierre de esta nota, el tema se instaló con fuerza en redes y en el debate mediático, mientras la investigación continúa su curso.
Lo que viene
En las próximas horas, la fiscalía definirá la citación a indagatoria y evaluará los resultados preliminares de las pericias y de los registros fílmicos. A partir de allí, el Ministerio Público podrá solicitar medidas adicionales o encaminar el caso hacia una eventual elevación a juicio, en caso de corresponder.
Por ahora, Torres permanece alojado en una dependencia de la DDI de La Matanza. La causa, bajo la órbita de la UFI N°21, seguirá sumando elementos técnicos y testimoniales para reconstruir con precisión lo ocurrido. La resolución judicial dependerá del cruce de esas pruebas con las versiones de las partes, en un proceso que, por su sensibilidad, será seguido de cerca por la opinión pública.
