La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven acusado por el crimen de Kim Gómez, ocurrido durante un intento de robo en febrero de 2025. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada.
Según se informó, el condenado tenía 18 años al momento del fallo, aunque cuando ocurrió el hecho tenía 17. El tribunal lo declaró culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo, una calificación que implica que la muerte se produjo en el marco de un asalto.
La pena coincidió con el pedido del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado exactamente 23 años y cuatro meses. En cambio, la defensa había requerido una condena menor, de siete años, al sostener que el episodio debía ser considerado como homicidio culposo.
El caso generó conmoción por la mecánica del hecho y por la edad de los involucrados. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el crimen ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Kim iba junto a su madre, Florencia Barraza, cuando ambas fueron asaltadas para robarles un Fiat Palio rojo en la esquina de avenida 72 y calle 25.
Durante el juicio, la madre de la víctima declaró y recordó cómo los agresores la obligaron a bajar del auto, la arrojaron al piso y escaparon a alta velocidad. Kim viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado y, siempre según lo expuesto, habría intentado descender del vehículo, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada por varias cuadras. Luego, los implicados la abandonaron.
La fuga terminó cuando el vehículo impactó contra un poste de luz y terminó en una zanja. Tras el choque, los ocupantes escaparon hacia un descampado antes de la llegada de las autoridades.
En la causa también estuvo involucrado otro adolescente, de 14 años, quien por su edad es inimputable. Se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años, según se precisó.
El fallo vuelve a poner en primer plano el debate social sobre la violencia en hechos delictivos, la responsabilidad penal juvenil y los límites del sistema para prevenir tragedias. La condena busca cerrar una etapa judicial, pero deja abiertas preguntas de fondo: cómo se evita que un robo escale a una pérdida irreparable y qué respuestas concretas puede ofrecer el Estado para que la inseguridad no siga cobrando víctimas en situaciones cotidianas.
Mientras la familia atraviesa el peso de una ausencia definitiva, la sentencia marca un punto, pero no necesariamente un final: el desafío colectivo sigue siendo construir un entorno donde ninguna vida quede reducida a una estadística.
